El resarcimiento desde las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual durante el conflicto armado

Publicado en La Lupita numero 3

La cuestión del resarcimiento y de la reparación hacia las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado y a sus familiares es un punto de partida para que el Estado asuma su responsabilidad en los hechos, y comenzar un proceso de transformación de imaginarios colectivos que condenen este tipo de violencia. Estos cambios son cruciales para que terminar con la marginalización de las víctimas de violencia sexual y de sus descendientes y para la formación de una Guatemala justa e inclusiva. Numerosas mujeres sufrieron daños incalculables por la política contrainsurgente dirigida contra la población indígena y las mujeres que incluía explícitamente a la violencia sexual: “Los soldados tenían órdenes de violar a las mujeres con el fin de derrotar a las organizaciones guerrilleras, humillar a las comunidades y destruir el tejido comunitario y social, a través del cuerpo de las mujeres.” Hoy en día, 14 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, ninguna ha sido resarcida de manera integral solo algunas han recibido resarcimiento monetario, y la violencia feminicida sigue siendo una problemática urgente de atender.

El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) reconoce las violaciones sexuales como actos de violación de los derechos humanos, y así les contempla dentro de su programa. Las sobrevivientes y las organizaciones de mujeres que trabajan con ellas apuntan a un resarcimiento y una reparación integral: “El resarcimiento implica que el Estado reconoce su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos ocurridos, los (sic) condena y repara el daño causado por las mismas. Reparación debe incluir restitución de la dignidad, de su reputación, reconocimiento público de los daños sufridos y garantía de no repetición. Asimismo restitución de bienes perdidos, indemnización y satisfacción.” El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional propone acciones y medidas como la: “reconstrucción de comunidades, programas de sanación para las víctimas y medidas de carácter educativo que integren las atrocidades cometidas a la historia y memoria colectiva.” No obstante las mujeres encuentran muchas dificultades en el camino de la reparación. Los procesos para ser resarcidas provocan, a menudo, una re-victimización de las mujeres. Muy poco se hace para restablecer la verdad y muchas no logran ser resarcidas por el PNR por las pesadas, costosas e inapropiadas exigencias administrativas. Por ejemplo para el resarcimiento por viudez se pide que el certificado de fallecimiento haga constancia de una muerte violenta pero muchas madres y esposas silenciaron por miedo o firmaron, bajo amenazas, actos de fallecimiento falsificados. Hoy no se les reconocen sus testimonios. Una mujer indignada pide que saquen los huesos de su esposo, oficialmente muerto por fiebre, con la idea de que “allí encontrarán las balas, porque allí se quedaron en su cuerpo” (actora de Huehuetenango).

Además, cada trámite con el PNR es un proceso aislado que exige un expediente nuevo. Eso contribuye a re-victimizar una vez más a las víctimas y duplica los gastos para una población de escasos recursos, además de alargar los tiempos de espera… Se necesita una revisión del PNR para incluir una perspectiva cultural propia a cada lugar que incluye una atención en el idioma local sin limitarse en eso. Es importante notar que el PNR sufrió modificaciones importantes en el año 2005. De ser casi exclusivamente dirigido por representantes de organizaciones civiles, pasó a ser dirigido enteramente por funcionarios del organismo Ejecutivo. La reforma del 2005 plantea la conformación de un Consejo Consultivo de organizaciones de víctimas que todavía falta por conformar. La noción de resarcimiento y reparación tiene una carga cultural fuerte en la cosmovisión maya que hay que tomar en cuenta en el desarrollo del PNR. Urge constituir este Consejo Consultivo para incluir a las víctimas en el diseño de los proyectos del PNR.

En 2009, se produjeron 847 muertes violentas de mujeres en Guatemala y más de 4.300 casos de violencia sexual asistidos por los servicios forenses. La impunidad alcanza al 96% de los homicidios, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El país es el segundo de la región, después de México, con la tasa más alta de violencia contra las mujeres. [Cuello, 2010. Guatemala: cuatro activistas de uno de los países con los índices más elevados de violencia machista hacen balance de una ley pionera en América Latina que persigue los crímenes de odio. Público, Abril 2010. P.14]

En paralelo al PNR, asociaciones y organizaciones de mujeres implementan acciones de acompañamiento psicosocial y empoderamiento político a víctimas sobrevivientes. Según la promotora del Programa de No Violencia y Construcción de la Paz de la UNAMG, los procesos de sanación son lo que más necesitan las mujeres. Porque: “Ellas tienen una herida en el corazón.”. La iniciativa del Tribunal de Conciencia, realizado en marzo 2010 por 5 organizaciones de mujeres, es una acción simbólica para romper el silencio y dignificar a las víctimas y a las mujeres sobrevivientes y una contribución a la recuperación de la memoria histórica.

Las Conclusiones del Tribunal de Conciencia

Al cerrar el Tribunal de Conciencia, las Magistradas, en presencia de las testigas de honor originarias de varios países, presentaron un pronunciamiento a título de condena que proponía varias medidas reparadoras:

1. Condiciones dignas para que las mujeres puedan hablar de la violencia sexual.

2. La dignificación: romper el silencio y desculpabilizar a las mujeres.

3. Restitución integral.

4. Garantías de no repetición.

UNAMG y ECAP (Consorcio Actoras de Cambio). 2006. Resarcimiento para mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Guatemala. Comunicación integral.

1. Poner fin a la impunidad por medio de acciones legales. La implementación de la ley contra el femicidio es una acción que, si se aplica con la voluntad política y los presupuestos adecuados, podría tener un impacto importante para disminuir de forma significativa la violencia actual contra las mujeres. Sin embargo, es necesario cerrar casos del pasado, identificar culpables y punir legalmente a los responsables de las violaciones ocurridas en el conflicto. Para eso es necesario proceder a una reforma del Sistema de Justicia para la reparación de estos crimines y la aplicación de la ley contra el femicidio; Firmar y ratificar el Estatuto de la Corte de Roma como compromiso del Estado Guatemalteco para la prevención de los crimines sexuales en el futuro (Ver artículo de Brisna Caxaj); Velar activamente a la aplicación de los derechos de las mujeres, incluyendo a los derechos sexuales y reproductivos. También implementar acciones para corregir la discriminación étnica. Siendo mayormente mujeres indígenas quienes fueron sujetas de las violencias sexuales en el conflicto armado como parte de una estrategia genocida.

2. Que el Estado promulgue la ley nacional de reparación integral a favor de las mujeres sobrevivientes. Sensibilice y capacite al personal del PNR implicado en los procesos de resarcimiento para evitar la re-victimización de las mujeres al momento de emprender acciones para su reparación; Implemente proceso legales y de reparación que superan las dificultades religiosas y consuetudinarias para la autonomía de las mujeres. Es también necesario empoderar a las mujeres para que participen de la reparación por medio de capacitaciones de participación política, talleres de derechos y programas de salud física y mental para que se involucren en la identificación, el desarrollo y la ejecución de las estrategias, prácticas y procedimientos de reparación para que sean procesos transformadores que beneficien realmente a las mujeres y a las comunidades.

3. Finalmente es primordial involucrar a la sociedad civil en la reparación para asegurar una real dignificación de las víctimas, una reapropiación de la memoria histórica y cambiar los patrones patriarcales que hacen posible la banalización de la violencia contra las mujeres y su impunidad.

El trabajo con las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado resalta la necesidad de implementar acciones y programas que permitan:

El Resarcimiento Económico o monetario

El resarcimiento económico no es una medida integral. El resarcimiento integral incluye restitución, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición. Hasta la fecha el PNR con los resarcimientos económicos provocó más divisiones y el resarcimiento “perdió su sentido político de dignificación, restitución y reparación satisfactoria para las mujeres. […] Lejos de ser reparadores y dignificantes para las mujeres, los efectos fueron devastadores, fomentando nuevas líneas de rupturas y divisiones comunitarias y familiares.”

Al recibir el cheque, muchas mujeres sintieron culpa por recibir dinero por la muerte de un esposo, de un hijo. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? Unas sienten que “se están comiendo a los muertos”… Lastimosamente, la entrega de cheques por el PNR ocasionó divisiones en las comunidades y en las familias contribuyendo aun más a estigmatizar a las sobrevivientes. Y las heridas nunca se cierran… El resarcimiento económico permite resolver problemas financieros, ir al médico pero como lo menciona la promotora: “puede complicarle la vida a la mujer por peleas en la repartición del dinero en la familia.”.

“Las mujeres llaman susto a los padecimientos que enfrentan luego de la violación sexual. […]El síndrome cultural del “susto” es provocado por un evento asustante que puede involucrar otra persona, un animal o una situación o evento. Según la literatura existente, la explicación popular es que la experiencia asustante o sobresaltante conduce a una pérdida de sustancia o fuerza vital. […]También mencionan que el susto se interpreta comúnmente como la salida del espíritu del cuerpo de las personas.”

[UNAMG y ECAP (Consorcio Actoras de Cambio), 2009. Tejidos que lleva el alma: Memorias de las mujeres mayas sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado.]

Lo Que Quieren las Sobrevivientes

La búsqueda de justicia, el reconocimiento público de lo ocurrido y la recuperación de su dignidad por medio del trabajo de recuperación de la memoria histórica en las comunidades, la identificación de los responsables para iniciar un proceso de construcción de nuevas relaciones sociales y el apoyo a proyectos productivos son unas necesidades de las sobrevivientes en sus procesos de reparación. Además, sostienen que un programa de resarcimiento tiene que contemplar, también proyectos de salud destinados a apoyar a las sobrevivientes a curarse del “susto” de la violación. Las consecuencias físicas, psicológicas y sociales son también parte importantes de la ecuación.

“El Tribunal de conciencia es un espacio simbólico, de ejercicio de soberanía, donde todos tenemos que escuchar, aprender y revisar lo que creíamos. Empezar a trabajar para que el tema de la erradicación de toda forma de violencia y discriminación se vuelva una prioridad política y financiera en nuestros países”. Ana Guesmes, directora regional de UNIFEM. [Pacay, 2010. El Lado Oculto de la Guerra. Revista Amiga. 2010.]

La perspectiva de proyectos productivos colectivos, como resarcimiento, no recibe mayor apreciación de parte de las mujeres con quien trabaja la promotora de la UNAMG porque: “El resarcimiento colectivo está más pensado como proyectos productivos [y] no les parecen los proyectos colectivos porque las experiencias no han funcionado” en el pasado. Hay unas experiencias dirigidas, por ejemplo, por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) de apoyo a mujeres sobrevivientes del conflicto con proyectos productivos individuales que reciben mejor aceptación por parte de las mujeres.

Todavía falta explorar otras vías de resarcimiento individual y colectivo, apuntando a la recuperación de la memoria histórica, la divulgación del pasado y la sensibilización de la población en general sobre lo que sucedió en el tiempo de la guerra. Las mujeres quieren que se conozca su historia; que se incluyen las consecuencias de la guerra en los currículos escolares, que se cuente en la televisión. Hacer justicia es otra demanda de las sobrevivientes. Muchas de ellas tienen identificados a sus agresores, quienes siguen viviendo en sus comunidades, incluso ocupando cargos públicos y su presencia contribuye a mantener el miedo y el susto que viven las mujeres desde más de 25 años. Para que se haga justicia, es indispensable identificar responsables y depurar la administración pública de quienes fueron culpables de estos crímenes. Hay que llevar a cabo más tribunales de conciencia y tambien que asuma el Estado su responsabilidad frente a los hechos de forma que, como lo dice una sobreviviente: “dejen de criticar y burlarse de nosotras en la comunidad”.

Para que la violencia en contra de las mujeres termine las autoridades tienen que reconocer que la violación es un delito y que las instituciones como la policía y el ejercito castiguen a los que cometen estos crimines. También es necesario impulsar programas de apoyo a las víctimas de violencia sexual como centros de atención a mujeres violentadas, asistencia jurídica, capacitación de jueces como a empleados del Ministerio Público, etc.

“Los Gobiernos no deben realizar proyectos de desarrollo en vez de otorgar reparaciones. Todas las sociedades que salen de un conflicto necesitan reconstrucción y desarrollo. Los programas de reparación son parte de este proceso…” (Articulo 3-B) Derechos y Democracia Centro internacional de Derechos Humanos y Desarollo Democrático, 2007. Declaración de Nairobi Sobre el derecho de las mujeres y niñas a interponer y obtener reparaciones. Canadá.

Hay que seguir apoyando procesos atención de salud física y psicológica y de empoderamiento de las mujeres en una visión de resarcimiento integral y de reparación. Pero tampoco hay que olvidar, como lo recuerda la promotora de la UNAMG, que estas mujeres que sufrieron violencia sexual: “Están vivas y necesitan comer” así que es necesario seguir reflexionando el resarcimiento económico de manera a que realmente contribuye a mejorar las condiciones de vida de las sobrevivientes y de sus comunidades. Por lo general, ellas son marginadas social y económicamente y viven en condiciones de extrema pobreza. Se podría pensar en acompañar y capacitar a las mujeres para la administración del resarcimiento económico o pensar a una retribución mensual de tipo pensión asegurándoles un ingreso mínimo, ya que “no tienen la misma fuerza que antes” y siguen excluidas de sus comunidades… Pero lo seguro es que el Estado Guatemalteco tiene que invertir de forma sustentable para cumplir con sus políticas y las recomendaciones de la CEH sobre resarcimiento a víctimas del conflicto armado y finalmente realizar los Acuerdos de Paz junto con la sociedad civil. Tiene que incluir al PNR en su presupuesto nacional de Ingresos y Egresos y asegurar su transparente ejecución.